Nuevas formas de pensar, sentir, actuar y convivir en los distintos ámbitos de la vida personal y social caracterizan al mundo actual. Resulta evidente que las sociedades viven un tiempo de constantes transformaciones, particularmente en los modos de comunicación e interacción y en los formatos de producción y circulación de conocimiento (Baquero Lazcano y otros, 2001 -2003; Bauman, 2003; Castells, 2006).
Diferentes autores coinciden en afirmar que también nos encontramos ante la emergencia de nuevos modos de concebir lo público (Perazza, 2008; Tedesco, 2015), particularmente el diseño y gestión de las políticas públicas, en general, y de las educativas en particular. Quienes estudian la situación normativa en la región afirman que en gran número de países de América Latina, las leyes educativas son de avanzada en las cuestiones de resguardo de derechos y enfáticas en relación con la necesidad de una educación inclusiva. Sin embargo, “se experimentan grandes  dificultades para traducir esa legislación en políticas sectoriales y, más aun, en prácticas pedagógicas que conduzcan al cumplimiento efectivo de esos derechos educativos consagrados en las leyes” (Terigi, 2009, p.21).