Introducción

Las escuelas son parte de un entramado de organizaciones que distribuyen educación como bien común. Esta afirmación supone que, como ciudadanos, debemos generar estrategias estatales para asegurar que todos los habitantes de nuestros pueblos accedan a una propuesta educativa escolar de calidad. Así, las escuelas son la instancia nodal para el desarrollo humano y la cohesión social, las principales agencias estatales para lograr la inclusión social a través de estrategias didácticas y pedagógicas. Por ello, la articulación de estas prácticas con las de otras organizaciones del entorno social próximo se convierte en un factor de viabilización de los objetivos sociopedagógicos que la escuela pretende alcanzar.

Afirmar que la educación es un bien común implica reconocer que contribuye, en palabras de Daviet (2016), al interés general, es decir, debe beneficiar a todos. Así, delimitar lo que es un bien común es una decisión colectiva que incumbe al Estado, al mercado y a la sociedad civil, permitiendo que la sociedad en su conjunto se desarrolle mejor y que los individuos vivan mejor (Daviet, 2016). En pos de este propósito, los logros de las estrategias escolares son una preocupación creciente de las sociedades, razón por la cual las prácticas de evaluación estandarizadas –aun desde las limitaciones que señalan algunas lecturas críticas (Barrenechea, 2010)- se presentan como un instrumento significativo para revisar nuestras decisiones políticas.